La red ferroviaria sufre, cada día, una media de entre cuatro y cinco acciones vandálicas de este tipo con consecuencias perjudiciales para los usuarios, los trabajadores de estaciones y seguridad y para el conjunto de la sociedad, en tanto que supone un coste económico elevado. El impacto económico total del vandalismo, incluidos los grafitis, ha supuesto un gasto de 62,7 millones de euros a las empresas ferroviarias entre el 2015 y el 2016, equivalentes al salario mínimo interprofesional de más de 8.666 personas al año.
En estos dos años se han realizado 1.321 juicios por vandalismo y abierto casi dos expedientes diarios por faltas administrativas, y por agresiones se han llevado a cabo hasta 1.068 juicios y abierto 1,5 expedientes por día.
El Observatorio del Civismo del Transporte Ferroviario señala el vandalismo grafitero como el principal problema en el ámbito de la seguridad con crecientes implicaciones sociales, medioambientales, laborales y económicas, por lo que reclama una actuación normativa, judicial, policial, educativa y de comunicación de acuerdo con la gravedad de esta problemática. A este coste, se deben sumar el impacto medioambiental de los espráis utilizados en las acciones vandálicas y los productos agresivos para repararlas, los costes sociales para los usuarios, el riesgo de atropello, electrocución y caída de los propios vándalos en las incursiones clandestinas y los costes judiciales.
