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La ciudad de Valencia será la primera en estrenar el sistema de retorno de envases

El alcalde, Joan Ribó, ha ofrecido a la Conselleria de Medio Ambiente que la ciudad de Valencia protagonice las primeras experiencias del sistema de recogida y retorno de envases que quiere impulsar la Conselleria, que pretende mejorar los niveles de reutilización de los materiales, incrementar el cuidado del medio ambiente e incluso incidir de manera positiva sobre el empleo.

El nuevo sistema parte de un planteamiento sencillo. Cada ciudadano recibe una compensación económica (que se ha fijado en 10 céntimos de euro) por cada lata o botella que devuelva al comercio. “Es el beneficio por reciclar”, ha explicado la consellera, que ha añadido que según el tipo de comercio de que se trate “se articulará una forma automatizada para la recogida; y el posterior sistema logístico de recogida, que acompaña al proceso: una cadena de actuaciones que hay que articular”. Por ello, desde la Conselleria se está explicando y recabando la información de todos los agentes que tienen que participar.

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El alcalde ha asegurado que el nuevo modelo de envases retornables conlleva tres ventajas en su aplicación: “Ventaja para la economía municipal, porque se reduce el gasto de recogida; ventaja para los pequeños comercios, que podrán tener una fuente adicional de ingresos, y ventaja en el campo del empleo”, ha añadido, “porque se pueden generar fórmulas que generen puestos de trabajo, como las cooperativas de personas recicladoras, por ejemplo, semejantes a las que existen en otros países”. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha ofrecido a la Conselleria poder realizar alguna prueba en la ciudad antes de poner en marcha la nueva fórmula. “Es un sistema que ayuda a la limpieza, al medio ambiente, al pequeño comercio y al empleo”, ha subrayado el alcalde.

En la actualidad, desde la Conselleria se están llevando a cabo los estudios técnicos preparatorios, y la previsión es que la legislación que regule el proceso pueda estar lista a finales de este año. Se prevé que el año que viene, 2017, sea de moratoria, con la finalidad de que se puedan ir ajustando todos esos sistemas, y la implantación definitiva será en 2018.

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